“La imposición de restricciones por parte del Estado a los particulares en aras de resguardar el bien común y la salud pública, se trata sin duda de medidas loables y, aunque lícitas, han afectado a numerosos particulares de manera significativa e injusta. En Chile todos los ciudadanos deben recibir un trato igualitario en la imposición y soporte de las cargas públicas. De ahí, que las numerosas restricciones impuestas por la autoridad a determinados sectores, como los gremios: gastronómico, de esparcimiento y hotelero, – entre otros -, no deben ser soportadas exclusivamente por ellos, por loable que sea el fin perseguido. Toda persona o negocio que se hayan visto afectados por las restricciones impuestas por la autoridad, cuentan con el derecho a igualdad en el soporte de las cargas públicas y, en consecuencia, a ser indemnizada por el Estado. De esta forma, los esfuerzos y costos de la lucha contra la pandemia COVID 19, se distribuyen de manera justa entre todos los miembros de nuestra sociedad, y no sólo son soportados por un grupo en particular.”